Sistema Nacional Anticorrupción rechaza investigar espionaje a periodistas y activistas

Jaqueline Peschard presidenta del CPC y del Comité Coordinador, explicó que consideran existen presuntos actos de corrupción, “porque encontramos que hay una violación, si es que la acusación que se hizo en un medio de comunicación se confirma, a los derechos fundamentales y la vida privada de las personas”, dijo. 

Alfredo Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal,aseguró que la intervención ilegal de comunicaciones es un delito que no está considerado en el catálogo de corrupción, por lo que no le corresponde a su Comité Coordinador analizar el tema.

Explicó que la facultad recae en la Procuraduría General de República (PGR) o en la Fiscalía Anticorrupción, organismo que hasta el momento no existe, pues el Senado no ha nombrado aún al titular.

Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (TFJA) dijo que las intervenciones telefónicas ilegales son una acción “reprobable”, pero consideró que la petición del CPC no cumple con la norma “para poder emitir un exhorto de esta naturaleza, y menos aún al titular del poder ejecutivo”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que se sumaba a las posturas de sus compañeros, y que el organismo que encabeza podría participar en la revisión de las compras de las herramientas siempre y cuando la Cámara Diputados se lo solicite.

Francisco Acuña, presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), también avaló los argumentos “técnicos” para no solicitar la información

La única que no participó en la discusión fue Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, quien admitió que el programa Pegasus de la empresa NSO Group, fue utilizado “legalmente”, durante su administración en la PGR. 

Arely Gómez no se excusó al momento de la votación, y al igual que el resto de sus compañeros votó por rechazar la petición de información al gobierno federal.